Extraído de La Nación (Lunes 14 de Enero del 2008)
Autor: Álvaro Ramis *
Para tener avances significativos en recuperar los derechos territoriales y autonómicos del pueblo/nación mapuche es necesario cuestionar las premisas liberales que suponen la neutralidad del Estado.
A finales del siglo XIX el pueblo mapuche fue diezmado y arrinconado en escasos territorios, perdiendo la autonomía que tuvo de modo incuestionable hasta entonces. Ya en el siglo XVII, la corona española había reconocido la inviolabilidad del suelo y de la autodeterminación mapuche mediante el Pacto de Quilín, de 1641, acuerdo ratificado por el Parlamento General de Negrete de 1803 (el último celebrado con España) y por el cuarto Tratado de Tapihue de 1825. Este último, firmado por la nueva república chilena, estableció que ella no violaría la mutua frontera, al afirmar que: «Haciendo memoria de los robos escandalosos que antiguamente se hacían de una y otra parte, queda desde luego establecido, que el Chileno que pase a robar á la tierra y sea aprehendido, será castigado por el Cacique bajo cuyo poder cayere, así como lo será con arreglo a las leyes del país el natural que se pillase en robos de este lado del Bío bío que es la línea divisoria de estos nuevos aliados hermanos». Sin embargo, pocas décadas después, el Gobierno dictó las leyes del 2 de julio de 1852 y el 4 de diciembre de 1866 que constituyen el inicio de un proceso de apropiación del territorio indígena. Las sangrientas campañas militares de Cornelio Saavedra en 1862 y 1868-1869 no pudieron acabar por completo con la autonomía territorial, que sólo terminó con la campaña de exterminio indígena lanzada desde Argentina por el general Julio A. Roca en 1878, concluida en Chile en 1883. Los territorios conquistados se declararon terra nullius, y el Estado chileno procedió al despojo de millones de hectáreas, que pasaron a manos de los colonizadores. Para fijar la residencia indígena se formó una Comisión Radicadora, a cargo de asignar los límites de las nuevas tierras mapuche y otorgar nuevos títulos de dominio, conocidos como Títulos de Merced.
Entre 1884 y 1929 se entregaron 3 mil 78 títulos, correspondientes a 475 mil 194 hectáreas, destinadas a 77 mil 751 personas. Cada título conformó una reducción indígena. La política asimilacionista implementada por el Estado ha variado históricamente en cuanto a medios y formas jurídicas de desposeimiento. Hoy, el proceso sigue operando, bajo el sustento legal del artículo N 1 de la Constitución: «La Nación Chilena es única e indivisible». Así, se impide cualquier posibilidad de plantear el establecimiento de un Estado plurinacional, como el logrado en otros países latinoamericanos. Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que incorpora a las legislaciones nacionales sus derechos colectivos, como el a la tierra, a la consulta, a la participación, al territorio, y la libre determinación.
El escaso territorio mapuche hoy es absorbido por las nuevas inversiones extranjeras, caracterizadas por su desarticulación de la economía local y su falta de sostenibilidad ambiental. Grandes proyectos energéticos, forestales o de infraestructura vial. La única relación de las compañías con las comunidades mapuches es contratar peones de construcción de carreteras, obreros no-calificados en la explotación de plantas, personal de servicio o a veces, proveedores de conocimiento tradicional para la bio-prospección. Para el pueblo mapuche es imposible llegar a establecer una relación armoniosa con una economía de mercado, en las condiciones en que se implementa hoy. Si bien los mapuches demandan un tipo de inserción económica que permita satisfacer sus necesidades materiales, el objetivo no puede alcanzarse si implica sacrificar su seguridad alimentaria, su identidad cultural y su control de los recursos naturales, tanto hoy como en el futuro. Los inversionistas, animados en exclusiva por obtener un retorno rápido de su dinero, caracterizan a los indígenas como un obstáculo en la realización de sus planes, y tratan descaradamente de arrebatarles el control de su territorio. No trepidan en ejercer las formas más agresivas y humillantes de discriminación y abuso. Para tener avances significativos en recuperar los derechos territoriales y autonómicos del pueblo/nación mapuche es necesario cuestionar las premisas liberales que suponen la neutralidad del Estado y avanzar hacia «derechos diferenciados». No basta decir, como Jürgen Habermas, que la ciudadanía multicultural consistiría sólo en adherir de modo voluntario a los principios constitucionales, lo que permitiría a cada cual seguir «las tradiciones de su tribu». Este tipo de afirmaciones oculta la trama histórica en la que se tejieron los marcos legales de nuestras sociedades. Se requiere una nueva concepción de la identidad cívica, fundada en el criterio de la solidaridad, no en el de homogeneidad legal. *Centro Ecuménico Diego de Medellín